La Política actual

Hacer todo lo contrario de lo que dictan los principios de la democracia liberal parece ser la fórmula a través de la cual Nicolás Maduro toma decisiones en Venezuela. Combatir el “fascismo” es la justificación oficial. Con un traje negro abrochado hasta arriba, al estilo del líder norcoreano, y con un discurso que refleja una radicalización –inusual en los gobernantes– de su ideología socialista, el presidente bolivariano, conmemorando el Día del Trabajo –ante una escasa convocatoria–, anunció que terminará con la Quinta República que fundó Hugo Chávez, eliminará la constitución actual, e iniciará un proceso para elaborar una nueva. Se especula que, con las anteriores medidas, Maduro puede perpetuarse en el poder, más allá del tiempo que corresponde a su mandato actual.

Para quienes vivimos en un régimen en el que las instituciones públicas del país han perdurado y gozado de un margen de estabilidad razonable –al menos en el último siglo–, que se hiciera lo que plantea Maduro sería un sacrilegio político. El presidente venezolano se esmera en apersonar al Trujillo dominicano de Vargas Llosa: “podía convertir el agua en vino”, sentenciaba el escritor peruano para exagerar la egolatría y la falta de contrapesos a las decisiones del dictador.

Ese sacrilegio político, que la oposición ha calificado de ser un “autogolpe de Estado”, se ha consumado de forma agresiva y muy cobarde, en franca oposición a la voluntad democrática de los venezolanos. Primero, antes de las últimas elecciones legislativas, todos los partidos políticos de Venezuela opositores al chavismo hicieron una gran coalición a la que denominaron “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD). Esa alianza equivaldría a que en México se aliaran PRI-PAN-PRD-PANAL-PVEM-MC para combatir a un gobierno de extrema izquierda, que controla todo y mantiene una situación de escasez e hiperinflación en el país. Por obvias razones, el oficialismo, perdió las elecciones por un amplísimo margen. Después, sabiendo que la oposición unida ganaría el control absoluto de la Asamblea Nacional (equivalente a la Cámara de Diputados), antes de la toma de protesta de los nuevos diputados electos, Maduro decidió reformar el Tribunal Supremo (equivalente a la Corte Mexicana) para incrementar el número de ministros y tener un control absoluto del poder judicial.

Luego, ese poder judicial reformado anuló las elecciones de cuatro diputados de oposición. Con eso, la MUD no alcanzaría la mayoría calificada que necesitaba para hacer reformas importantes. La MUD no reconoció la decisión del judicial. Por lo tanto, el Tribunal anuló la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional hasta que acataran la sentencia. Ni el chavismo ni los jueces reconocieron las leyes que aprobó la mayoría opositora de diputados.

El conflicto fue evolucionando hasta el grado de que el Tribunal decidió “absorber las funciones de los diputados por desacato”. ¡Esto equivaldría a que, de un plumazo, la Suprema Corte desapareciera la Cámara de Diputados y Senadores! Luego de esta decisión reciente, 19 países, incluidos Alemania, Francia, Estados Unidos y México, expresaron “su gran preocupación” por la decisión tomada en Venezuela, que implicaba una clara violación del principio de separación de poderes. Además, se convocó a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir el tema. Venezuela, en resumen, cambió la sentencia, devolviendo sus facultades a la Asamblea, y decidió renunciar a la OEA, indignándose por el supuesto atentado a su soberanía interna.

La última novedad es que Maduro decidió que –palabras más, palabras menos– “se necesita otra Asamblea Nacional (Cámara de Diputados)” y, para ello, hay que hacer una nueva Constitución, disolver la actual, y elegir diputados que verdaderamente representen al pueblo y no a los intereses “fascistas” que quieren saquear a Venezuela. Para eso, elegirán a 250 obreros, trabajadores y representantes de los sindicatos; y a otros 250 de las diferentes regiones municipales del país. El proceso tardará dos años y rebasará el periodo de las elecciones presidenciales, en las que, posiblemente, culminaría el mandato de Maduro. Además, inhabilitó (o logró que inhabilitaran) 15 años para competir por un cargo público a Henrique Capriles, su principal opositor.

Para entrar en dimensión de la gravedad y lo primitivo de este tipo de decisiones, vale la pena destacar que la última vez que en Inglaterra se intentó algo similar fue en el año 1642, durante el reinado de los Stuarts, y desembocó en una guerra civil. El papa Francisco ha hecho un llamado para evitar la violencia y resolver la crisis política del país. En las manifestaciones en Venezuela, en reacción a todo lo acontecido últimamente, hay registro de la muerte de 28 personas. Las ventajas de vivir en un sistema en las que las decisiones del gobernante tengan contrapesos auténticos está sobradamente demostrada por la academia, la historia y la experiencia.

Los políticos mexicanos, incluido el presidente a través del gobierno federal, han expresado su preocupación y solidaridad con el pueblo venezolano. López Obrador ha permanecido sospechosamente callado acerca de Venezuela. Cualquier demócrata, republicano, que crea en las instituciones, no dudaría en fijar una postura en contra.